Lun, 30 Ene, 2023
Barrio San Pedro de Higüey se enfrenta a orden de desalojo

El Abogado del Estado del Departamento Este ordenó el desalojo con el auxilio de la fuerza pública, de los ocupantes del Barrio San Pedro en Higuey, luego de infructuosamente durante 4 años de buscar una solución amigable.

Mediante la Resolución No. 486 del 15 de diciembre de 2022, el Dr. Jaime Mota, adscrito a la Oficina del Abogado del Estado con asiento en El Seybo, estableció que, ordenó el desalojo porque el “Estado debe garantizar el goce y disfrute a todo titular de un derecho registrado, que el único documento que acredita a una persona titular de un derecho registrado lo es un certificado de Titulo”.

La decisión indica que la solicitud de fuerza pública fue hecha el 26 de marzo de 2018 por la propietaria del inmueble, Inversiones Vinovo, S.R.L., y que fueron celebradas múltiples reuniones con los ocupantes sin resultados, asimismo informa de varias resoluciones dictadas por el Abogado del Estado ordenando a la Policía Nacional la paralización de trabajos y construcciones en el Barrio San Pedro y de que la propietaria ocupase los solares baldíos, las cuales no pudieron ser ejecutadas.

“Los ocupantes del Barrio San Pedro durante estos 4 años han alegado que, debido a que son más de 400 familias el Gobierno dominicano ha mostrado interés en la solución del conflicto, por lo cual el Presidente de la República designó una comisión presidida por los diputados, lo cual no ha dado resultado positivo”,
informó el doctor José Manuel Hernández Peguero, abogado de la propietaria del inmueble.

Mérido Torres Espinal, Director Ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, fue consultado por el Abogado del Estado a solicitud de los ocupantes del Barrio San Pedro, quien le informó que realizaría un informe con miras a sugerir la adquisición de los terrenos por parte del Estado Dominicano.

“Esperamos que, el Gobierno honre el compromiso concertado con los ocupantes del Barrio San Pedro, adquiera el inmueble y pague el precio justo a la propietaria, observando que, en caso de que esto no sea posible, indefectiblemente será ejecutado el desalojo ordenado por el Abogado del Estado” dijo Hernández Peguero.

Fuente: El Caribe

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