Por Rafael Barón Duluc Senador por la provincia La Altagracia

En la vida institucional de un país hay decisiones que no solo responden a la legalidad, sino que también se corresponden con el sentido común, la justicia territorial y la visión de futuro. La propuesta de elevar el distrito municipal Verón–Punta Cana a la categoría de municipio es, sin lugar a dudas, una de ellas.

Hoy, Verón–Punta Cana no solo es el distrito municipal más poblado de la República Dominicana; es además el principal motor económico de nuestra provincia y del turismo nacional. Su crecimiento ha sido exponencial, con una población que ya supera los 200,000 habitantes, una economía vigorosa, infraestructura de primer nivel y una identidad propia que le otorga autonomía funcional y administrativa. Verón ya funciona como un municipio en la práctica. Lo que falta es formalizarlo por ley.

La nueva Ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos (368-22) ha modificado sustancialmente el esquema de administración de recursos en el país. Esta ley establece que los distritos municipales con más de 15,000 habitantes —como es el caso de Verón–Punta Cana— deben tener sus propias Oficinas de Planeamiento Urbano, asumiendo la gestión del ordenamiento territorial y el uso del suelo. Esto significa que los recursos generados en Verón para esos fines ya no son administrados por el Ayuntamiento de Higüey, sino directamente por la Junta Municipal de Verón. En otras palabras: legalmente, ya Higüey no recibe ni puede administrar los recursos que provienen de esa zona.

Ante este nuevo panorama legal, resistirse a la creación del municipio de Verón sería oponerse a una realidad que ya está en marcha. No tiene sentido pelear contra una ley vigente, sino más bien enfocarnos en que su aplicación se haga de manera justa y equitativa. La tarea ahora es otra: lograr que el Gobierno Central compense debidamente a Higüey por los recursos que ha dejado de recibir.

Y en ese sentido hemos sido proactivos. Como senador por la provincia, hemos solicitado y logrado un aumento de RD$156 millones en las asignaciones presupuestarias del Ayuntamiento de Higüey para el año 2025. Además, propusimos un proyecto de ley que asigna dos dólares por cada pasajero internacional que entre al país por vía aérea a los ayuntamientos donde operan aeropuertos, como es el caso del Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Esto representaría ingresos adicionales importantes tanto para Higüey como para el futuro municipio de Verón.

Ahora bien, también reconocemos que la experiencia de mancomunidad entre Higüey y Verón–Punta Cana —practicada durante muchos años con buenos resultados— es una alternativa viable para seguir compartiendo esfuerzos y recursos en beneficio común. Esta posibilidad sigue abierta, pero depende de la madurez política y voluntad de diálogo de sus autoridades municipales. Exhortamos públicamente a ambas partes a considerar esta vía de cooperación intermunicipal, que puede convivir perfectamente con la autonomía institucional. Sin embargo, lo que hemos propuesto desde el Senado es una ley de elevación de categoría municipal, que garantiza el reconocimiento formal de la realidad actual y representa, sin lugar a dudas, un beneficio estructural para toda la provincia de La Altagracia.

Pero más allá de lo legal y lo financiero, hay una verdad fundamental: esta no debe ser una lucha entre Verón y Higüey. Es un momento para actuar como lo que somos: una sola provincia. Dividirnos solo nos debilita. Unirnos en una causa común —la de exigir al Estado un trato justo y proporcional a nuestra contribución al desarrollo nacional— es el camino correcto.

Higüey debe recibir los recursos necesarios para seguir siendo la gran ciudad que es. Verón debe tener la autonomía que su desarrollo y su población demandan. Y La Altagracia debe consolidarse como un modelo de organización, visión compartida y cooperación territorial.

Elevemos a Verón–Punta Cana a municipio. Pero más aún, elevemos el nivel de nuestro debate, de nuestra madurez política y de nuestro compromiso con el bienestar de todos los altagracianos. Porque el progreso no es una competencia entre hermanos, es una construcción colectiva.