La Altagracia, R.D. – El senador de la provincia La Altagracia, Dr. Rafael Barón Duluc (Cholitín), expresó su postura sobre el debate jurídico que ha surgido en torno a una posible modificación del recién aprobado Código Penal, destacando la importancia de actuar con prudencia, rigor técnico y sentido de institucionalidad antes de promover cambios a una legislación de alto impacto para el sistema de justicia.

A través de una publicación difundida en la red social X, el legislador sostuvo que el sistema penal no se limita únicamente al contenido de un código, sino que se construye y fortalece progresivamente mediante la interpretación jurisprudencial de los tribunales, la práctica judicial cotidiana y los aportes doctrinales de la comunidad jurídica. En ese sentido, consideró que emitir juicios definitivos sobre una norma recién aprobada, sin permitir que estos elementos evolucionen, podría conducir a valoraciones prematuras.

El senador resaltó que el derecho penal constituye un espacio natural de debate y pluralidad, donde las diferencias de criterio entre juristas, legisladores y sectores sociales forman parte del fortalecimiento democrático. Indicó que la falta de consenso absoluto no representa necesariamente una razón suficiente para impulsar modificaciones inmediatas, especialmente cuando aún no se ha observado el comportamiento práctico de la legislación.

Asimismo, recordó que, aunque diversos estudios criminológicos sostienen que el aumento de penas no siempre reduce los índices de criminalidad, la sanción penal cumple otras funciones esenciales dentro del ordenamiento jurídico. Entre ellas, señaló la función retributiva, orientada a sancionar conductas que lesionan bienes jurídicos protegidos y reafirmar la vigencia del orden social.

En su reflexión, Duluc planteó la conveniencia de adoptar una postura de cautela institucional, permitiendo que el nuevo Código Penal entre plenamente en vigor para posteriormente evaluar sus efectos reales, su aplicación en los tribunales y su impacto en el sistema judicial y la sociedad.

Finalmente, enfatizó que la legislación penal, por involucrar derechos fundamentales y la estructura del Estado de derecho, requiere decisiones responsables y fundamentadas en evidencia, evitando reformas apresuradas que puedan responder más a coyunturas que a análisis profundos del sistema jurídico.