En la era de la sobreinformación, donde una noticia puede difundirse a miles de personas con un solo clic, el desafío más urgente del periodismo no es la escasez de datos, sino la veracidad. Vivimos un tiempo marcado por la rapidez, la viralidad y el espectáculo, en el que la línea entre información y difamación se ha vuelto peligrosamente delgada. En este contexto, la verificación no es una opción: es una obligación ética y profesional ineludible.

La República Dominicana no es ajena a este fenómeno. Hemos sido testigos de campañas difamatorias orquestadas en redes sociales contra periodistas, políticos y figuras públicas, sin pruebas, sin fuentes, sin consecuencias. Muchas veces estas campañas se propagan desde perfiles anónimos, portales sin editores responsables o incluso cuentas automatizadas, bajo el amparo de una aparente libertad de expresión que en realidad encubre irresponsabilidad comunicativa.

El problema no se limita al entorno digital. La práctica periodística tradicional también ha sufrido los embates de la inmediatez, sacrificando, en ocasiones, la confirmación por la primicia. En un país donde el honor sigue siendo valor esencial, pero donde las herramientas legales para su protección pueden ser utilizadas como armas contra la libertad de prensa, urge un nuevo equilibrio. Necesitamos un periodismo valiente, sí, pero también justo, riguroso y comprometido con los hechos.

Por eso valoramos profundamente la celebración del panel “La verificación en tiempos de difamación”, una iniciativa del Grupo de Medios EB, coordinado por Oscar Quezada, que reunió a juristas, periodistas, académicos y legisladores con un objetivo común: fortalecer el compromiso con la verdad. Panelistas como Namphi Rodríguez, Itania María, Esteban Delgado y Fernando Placeres ofrecieron valiosas perspectivas sobre los retos actuales y la necesidad urgente de recuperar el valor de la confirmación, educar en ética periodística y asumir una responsabilidad compartida entre medios, plataformas digitales, ciudadanía y Estado.

El periodismo que calla por miedo pierde su razón de ser. Pero también lo pierde el periodismo que acusa sin pruebas. Ambos extremos atentan contra la democracia. La solución no es el silencio ni el linchamiento público, sino el diálogo honesto, la educación mediática y la autorregulación ética. Proteger el honor no debe significar perseguir periodistas; pero ejercer el periodismo tampoco puede significar tener licencia para destruir reputaciones sin sustento.

En estos tiempos convulsos, verificar es un acto de resistencia democrática. Es, también, una forma de proteger no solo a las víctimas de la difamación, sino al oficio mismo del periodismo, cada día más necesario. Informar con responsabilidad es más que un derecho: es un deber con la verdad y con la ciudadanía.