La República Dominicana es, hoy más que nunca, un país de oportunidades. Cada año, miles de dominicanos que residen en el exterior miran hacia su tierra natal con el sueño de invertir, construir un hogar, emprender un negocio o asegurar su futuro familiar. Este acto no es solo económico; es profundamente emocional. Es un voto de confianza en nuestro país, en nuestra gente, en nuestro porvenir.

Las cifras lo demuestran: se estima que para este 2025 las remesas enviadas por la diáspora dominicana alcanzarán los 10,900 millones de dólares, y una parte significativa ya se destina a inversiones inmobiliarias. Dentro de pocos años, la mayoría de esas remesas podría estar orientada precisamente a construir patrimonio y generar riqueza en suelo dominicano.

Es cierto que hemos visto casos dolorosos, donde sueños se empañan por estafas inmobiliarias, intermediarios inescrupulosos o publicidades engañosas que afectan gravemente a familias trabajadoras de la diáspora. Pero es importante subrayar que estos casos son la minoría: la gran mayoría de las operaciones inmobiliarias en la República Dominicana se realizan sin problemas, representando negocios rentables y satisfactorios para los compradores. Además, la mayoría de las empresas constructoras y promotoras dominicanas son compañías serias, de trayectoria sólida y buen historial de trabajo, que han cumplido cabalmente con sus compromisos.

Aun así, como Senador, creo firmemente que debemos proteger aún más a quienes deciden invertir en la República Dominicana. El proyecto de ley de intermediación inmobiliaria y regulación de la publicidad, que hemos depositado recientemente en el Senado, busca ordenar este sector vital. Plantea la creación de un registro oficial de intermediarios, la exigencia de licencias profesionales para agentes y corredores, el control de la publicidad de inmuebles y sanciones claras para quienes incumplan.

Además, confiamos en que el nuevo Código Penal, que esperamos sea aprobado próximamente, también refuerce esta protección al endurecer las penas contra los delitos de estafa y fraude, incluyendo los cometidos en el ámbito inmobiliario. Es un paquete legal que se articula para dar más confianza y seguridad a cada dominicano que deposita su esfuerzo y sus recursos en nuestra tierra.

Este esfuerzo legislativo fue presentado esta semana en Nueva York, en el importante foro “Protegiendo el Sueño Dominicano”, organizado por el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, y con el apoyo del cónsul dominicano Jesús Vázquez. Allí, junto a expertos legales, autoridades dominicanas y estadounidenses, y miembros de nuestra diáspora, reafirmamos un mensaje esencial:
invertir en República Dominicana es seguro, siempre que lo hagamos con responsabilidad, precaución y asesoría profesional.

Ningún proyecto legal, por sí solo, sustituye la debida diligencia individual. Siempre recomendamos a todo comprador, en especial a quienes viven fuera, contar con un abogado capacitado y de confianza, que revise títulos, contratos y documentos antes de cualquier transacción.

Como país, tenemos la responsabilidad de construir un entorno seguro para el retorno de la inversión dominicana. Como legislador, mi compromiso es seguir promoviendo leyes que protejan, fomenten y fortalezcan ese vínculo inquebrantable que une a nuestra diáspora con su tierra. Porque cuando los dominicanos en el exterior prosperan y confían, toda la República Dominicana crece.