En un país donde más del 60% de los privados de libertad no ha recibido condena, donde el hacinamiento carcelario supera el 150% y donde miles de internos sobreviven en condiciones indignas, la aprobación del proyecto de ley que crea el Ministerio de Justicia representa mucho más que una simple reestructuración administrativa. Es una oportunidad histórica para cambiar el rumbo de un sistema penal que durante décadas ha oscilado entre el abandono, la improvisación y la invisibilidad.

La realidad carcelaria dominicana es alarmante: penales sobrepoblados, infraestructura obsoleta, pagos ilegales por el uso de camas, escasa atención médica, comida en mal estado, personal sin capacitación y programas de rehabilitación que solo alcanzan a una parte de los internos. La Ley 113-21 estableció el marco para un nuevo modelo penitenciario más humano y orientado a la reinserción, pero su implementación ha sido

incompleta, coexistiendo con cárceles del “viejo modelo” donde la lógica es la supervivencia, no la rehabilitación.

En este contexto, el Ministerio de Justicia llega como una respuesta institucional a un desorden estructural. Durante años, la Procuraduría General de la República ha cargado con una doble responsabilidad: perseguir penalmente a los infractores y administrar el sistema penitenciario. Esto ha generado una contradicción funcional: quien acusa, también cuida; quien litiga, también rehabilita. El resultado ha sido una gestión parcial, fragmentada y muchas veces contradictoria. Separar funciones es sano para la democracia, pero también eficaz para la administración pública.

Con la creación del Ministerio de Justicia, por primera vez República Dominicana podrá contar con una estructura especializada, con rango ministerial, encargada exclusivamente de gestionar el sistema penitenciario, impulsar la rehabilitación y diseñar políticas públicas en materia de justicia, derechos humanos y reinserción social. Esto permitirá que el Ministerio Público se concentre en lo que le corresponde: investigar, acusar y litigar con independencia, sin distracciones administrativas.

Pero más allá del rediseño institucional, lo importante son los resultados que esta reforma puede generar:

• Profesionalización y control efectivo de las cárceles. Con una autoridad dedicada, se podrá fortalecer la carrera penitenciaria, ampliar la cobertura del Nuevo Modelo, eliminar prácticas corruptas como el cobro por espacios y asegurar condiciones dignas en todos los recintos.

• Coordinación interinstitucional real. El Ministerio de Justicia será el puente necesario entre el Poder Judicial, el Ministerio Público, Salud Pública, Educación, Trabajo y otros actores. Solo con articulación se puede lograr un sistema penal moderno.

• Un enfoque centrado en derechos humanos. Por primera vez, los derechos de los internos, las víctimas, los repatriados y otras poblaciones vulnerables estarán bajo una estructura con vocación garantista, con capacidad para diseñar e implementar políticas inclusivas y correctivas.

• Más transparencia y eficiencia. Un solo ente rector significa responsabilidades claras, mejores estadísticas, planificación basada en evidencia y mayor rendición de cuentas ante el Congreso y la ciudadanía.

La experiencia internacional nos respalda: países como Chile, Colombia, Argentina y Perú tienen Ministerios de Justicia que gestionan el sistema penitenciario con resultados diversos, pero bajo una lógica más coherente que la fragmentación que aún reina en nuestra institucionalidad. Sabemos que el cambio no será inmediato. Ninguna ley por sí sola resuelve el hacinamiento ni humaniza una celda. Pero sin voluntad política y estructura institucional, tampoco será posible lograrlo.

Por eso, el Senado ha dado un paso firme al aprobar en primera lectura la creación del Ministerio de Justicia. Ahora toca completarlo, reglamentarlo, financiarlo y ponerlo en marcha con decisión y visión de Estado. Transformar nuestras cárceles no es un lujo: es una obligación moral, jurídica y social. Porque el respeto a la dignidad humana no termina en los barrotes.