La propuesta de elevar a Verón–Punta Cana a la categoría de municipio ha abierto un debate crucial en la provincia La Altagracia. Este polo turístico, actualmente un distrito municipal de Higüey, genera recursos significativos gracias al turismo y concentra una población creciente. De hecho, es el distrito municipal más poblado del país, con 138,919 habitantes según el censo de 2022  y estimaciones actuales que superan los 200,000 residentes . Ante esta realidad demográfica y económica, resulta necesario analizar las implicaciones legales y financieras de convertir Verón en municipio, así como las estrategias para mitigar el impacto en Higüey. A continuación, exponemos las razones técnicas y jurídicas que justifican la municipalización de Verón–Punta Cana, y la urgencia de unificar a la provincia para gestionar un reparto más justo de los recursos públicos.
Impacto de la nueva Ley de Ordenamiento Territorial en los recursos
La reciente entrada en vigor de la Ley No. 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos ha transformado la distribución de competencias y fondos entre Higüey y su distrito Verón–Punta Cana. Dicha ley establece que los distritos municipales con más de 15,000 habitantes deben gestionar directamente la planificación urbana de su demarcación . Esto ha roto el modelo histórico en el cual el Ayuntamiento de Higüey administraba todos los recursos del municipio, incluidos los generados en Verón . En consecuencia, Higüey ha dejado de recibir y manejar los fondos provenientes de Verón–Punta Cana en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y uso de suelo, ya que por mandato legal esos recursos corresponden exclusivamente a la Junta del Distrito Municipal de Verón . Este cambio normativo tiene un efecto financiero inmediato: los ingresos que antes nutrían el presupuesto de Higüey ahora se destinan directamente a Verón, reduciendo significativamente las arcas de la ciudad cabecera.
El impacto negativo para Higüey es innegable. Autoridades locales calculan que la separación de Verón podría disminuir hasta en un 40 % el presupuesto municipal de Higüey, afectando la provisión de servicios y obras públicas en la ciudad . Estas cifras ilustran la magnitud de la dependencia que tenía Higüey de los ingresos generados en Verón–Punta Cana. No obstante, dicha dependencia se origina en un esquema ya superado por la nueva ley. Pretender revertir esta disposición legal no es factible ni conveniente, pues la ley 368-22 es de cumplimiento obligatorio y de alcance nacional . En lugar de resistirse a un marco jurídico vigente, la provincia debe adaptarse a esta nueva realidad administrativa que busca equilibrar la autonomía local y la justicia distributiva entre territorios.
Justificación legal para elevar Verón a municipio
Desde el punto de vista jurídico, Verón–Punta Cana cumple con creces los requisitos legales para ser elevado a municipio. La Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios establece en su artículo 27 que, para crear un nuevo municipio mediante la elevación de un distrito municipal, deben satisfacerse criterios mínimos. Entre ellos se exige que tanto el territorio segregado como el municipio original tengan más de 15,000 habitantes, con identidad geográfica, social, económica y cultural propia . Asimismo, se requiere la existencia de infraestructura y condiciones socioeconómicas básicas que garanticen la viabilidad del nuevo municipio, así como fuentes de ingresos permanentes y suficientes – superiores al 10% del presupuesto municipal – que aseguren su autonomía financiera . Finalmente, la ley prevé la consulta a las comunidades involucradas para confirmar el respaldo ciudadano a la medida.
En el caso de Verón–Punta Cana, todos estos criterios legales se encuentran plenamente satisfechos. Su población supera por amplio margen el mínimo requerido, consolidándose como un núcleo urbano con identidad turística definida. Posee una economía local vigorosa sustentada en el turismo internacional, con infraestructura de primer orden (aeropuerto internacional, vías de acceso, complejos hoteleros, centros comerciales) que evidencian su capacidad de sostener desarrollo futuro. Las fuentes de ingresos municipales en la zona son sólidas y constantes: los arbitrios e impuestos generados por la industria turística y comercial local representan una porción importante de los ingresos de la provincia  . Según dispone la ley, Verón aporta actualmente más del porcentaje mínimo requerido del presupuesto, lo que garantiza su independencia financiera como municipio de pleno derecho. Cabe recordar que Verón–Punta Cana ya fue reconocido jurídicamente en 2006 como el primer “distrito municipal turístico” del país, mediante la Ley No. 386-06, y desde entonces ha experimentado un auge poblacional y económico extraordinario. Elevarlo ahora a municipio no sería más que un acto de justicia institucional, reconociendo formalmente una realidad funcional que ya existe .
Además, la Ley 368-22 refuerza la legitimidad de esta aspiración municipal. Al otorgar autonomía en planificación y uso de suelo a distritos municipales densamente poblados como Verón–Punta Cana, la ley ha materializado en los hechos muchas de las facultades que tradicionalmente distinguen a un municipio. Habíamos dicho que “lo único que queda por resolver es el reconocimiento formal como municipio, lo cual sería más un acto de justicia institucional que una necesidad operativa” . Dicho de otro modo, Verón ya opera con autonomía funcional y presupuestaria, por lo que la elevación legal de categoría vendría a consagrar esa autonomía dentro del marco institucional apropiado.
Unificación provincial y exigencia de recursos compensatorios
Lejos de concebir la municipalización de Verón como una pugna entre comunidades, debe entenderse como una oportunidad para unir a la provincia en pos de un objetivo común: lograr un reparto más equitativo de los fondos públicos. La pérdida de ingresos de Higüey por la autonomía de Verón es real, pero no debe traducirse en el detrimento permanente de la calidad de vida de los higüeyanos. La solución está en reclamar al Gobierno Central una compensación que resarza al municipio de Higüey por los recursos que deja de percibir de Verón . Si Verón–Punta Cana se convierte en un municipio independiente, el gobierno central debe ajustar las transferencias presupuestarias para que Higüey reciba fondos adicionales que compensen ese 40% faltante y le permitan seguir brindando servicios adecuados a sus ciudadanos.
Esta estrategia de solidaridad interterritorial ha sido defendida públicamente por representantes de la provincia. Exhorto a los higüeyanos a no oponernos a una ley irreversible, sino a enfocar nuestras energías en exigir al Gobierno central partidas compensatorias para Higüey  . No se trata de pelear contra la ley, sino de aplicar su espíritu con equidad y justicia interterritorial . En términos prácticos, esto implica que las autoridades locales de Higüey y Verón deben presentarse ante el Poder Ejecutivo y el Congreso como frente unido, argumentando que la nueva configuración territorial de La Altagracia requiere un aumento en la asignación presupuestaria. La cohesión provincial es clave para persuadir al gobierno de destinar más recursos a la región: tanto para sostener el desarrollo de Higüey sin Verón, como para apoyar al novel municipio de Verón en atender a su numerosa población. Este llamado a la unidad trasciende colores políticos y responde a una causa justa de equilibrio regional, evitando que el progreso de una parte de la provincia signifique el rezago de la otra. En suma, Verón e Higüey, cada cual con su autonomía, deben marchar juntos para conseguir más inversiones del gobierno central que beneficien a toda La Altagracia.
Aumento de ingresos municipales: la iniciativa de US$2 por pasajero
Paralelamente a las gestiones de compensación, hemos emprendido esfuerzos legislativos innovadores para incrementar los ingresos municipales en las demarcaciones turísticas. Uno de los proyectos más destacados es nuestra propuesta de asignar dos dólares por cada visitante que llega al país vía aérea a los gobiernos locales donde operan aeropuertos internacionales. En abril de 2025 introducimos en el Senado un proyecto de ley para debitar US$2 de los US$10 que paga cada turista por la “tarjeta de turista”, y transferir ese monto a los ayuntamientos de las demarcaciones que albergan aeropuertos . Esta iniciativa, que presentamos, busca fortalecer financieramente a los municipios y distritos municipales que sostienen la carga del turismo, dotándolos de recursos adicionales para invertir en sus comunidades .
El mecanismo propuesto es sencillo pero de gran impacto. Actualmente, la República Dominicana cobra a cada extranjero que ingresa al país una tasa de US$10 en concepto de tarjeta de turista (establecida por la Ley 199-96). La ley en discusión plantea que de esa recaudación se descuenten US$2 por pasajero para los gobiernos locales correspondientes . Los fondos se distribuirían de forma equitativa por el Ministerio de Hacienda, tomando en cuenta indicadores como la cantidad de habitaciones hoteleras de cada destino turístico . Según el proyecto, estos recursos estarían etiquetados para el desarrollo local: promoción de las zonas turísticas, mejoramiento de infraestructuras públicas, preservación de espacios y monumentos, así como apoyo a la cultura y el desarrollo social en dichas comunidades .
De aprobarse esta ley, municipios como el futuro Municipio de Verón–Punta Cana (que alberga el aeropuerto más transitado del país) se verían directamente beneficiados, contando con ingresos significativos para enfrentar sus retos urbanos. Igualmente, Higüey y otros ayuntamientos de La Altagracia podrían recibir una porción de esos fondos si gestionan parte del flujo turístico (por ejemplo, en infraestructura de apoyo o vía un esquema de redistribución provincial). En todo caso, la medida representaría un alivio y un reconocimiento del aporte que las localidades turísticas hacen al país, permitiendo reinvertir en las mismas comunidades que generan la riqueza turística. Este tipo de iniciativa denota una visión creativa de nuestros legisladores para fortalecer la hacienda municipal sin esperar únicamente las transferencias centrales, y debe ser apoyada como complemento a la elevación de Verón a municipio.
Conclusión
En conclusión, la elevación de Verón–Punta Cana al rango de municipio se presenta como una respuesta necesaria y justa al crecimiento y la importancia de este distrito en la República Dominicana. Los cambios legales recientes han dado paso a una nueva realidad en la que Verón ya ejerce autonomía en la gestión de su territorio y recursos, corrigiendo años de centralización en Higüey. Formalizar esa autonomía mediante la creación de un nuevo municipio no solo cumple con la letra de la ley, que Verón satisface ampliamente en población, economía y estructuras, sino que también reconoce el derecho de sus habitantes a administrarse localmente. Lejos de perjudicar a Higüey, esta transformación puede fortalecernos como provincia si actuamos con unidad y visión estratégica. Es imperativo que, de la mano con la municipalización de Verón, Higüey reciba del Estado los recursos compensatorios para continuar su desarrollo sin retrocesos  . Al mismo tiempo, iniciativas legislativas como la asignación de US$2 por turista a los ayuntamientos demuestran que existen fórmulas creativas para aumentar los ingresos municipales en nuestras zonas turísticas .
