La República Dominicana no aceptará ser injustamente tildada de racista por ejercer su legítimo derecho a regular su sistema migratorio y proteger los servicios públicos de su población.

La medida que tanto incomoda a ciertos sectores no es un acto de discriminación, sino de soberanía. Nuestro país, pequeño en territorio y recursos, ha demostrado durante décadas una solidaridad histórica con el pueblo haitiano, mucho más allá de lo que muchos países desarrollados han hecho.

Permitir el uso indiscriminado del sistema de salud por parte de migrantes irregulares no documentados no es un acto humanitario, es un colapso anunciado, que afectaría tanto a dominicanos como a extranjeros residentes legales.

Racismo no es exigir orden. Racismo es acusar a un país de prácticas inhumanas por proteger sus fronteras, mientras se ignoran las verdaderas causas del éxodo haitiano.

Amnistía Internacional debe recordar que la defensa de los derechos humanos no puede pasar por encima del derecho soberano de los pueblos a administrar su territorio con dignidad, legalidad y justicia.