Depositamos ante este Congreso Nacional un proyecto de ley que busca preservar la sostenibilidad de los municipios históricamente estructurados, mientras seguimos abriendo camino al desarrollo legítimo y merecido de los distritos que han evolucionado con dinamismo.
Lo hacemos con respeto, con apertura al diálogo, y con la convicción de que la unidad y la planificación compartida son mejores caminos que la fragmentación.
Este proyecto no se opone al progreso de ningún territorio. Muy por el contrario: reconoce la importancia del crecimiento de zonas como Verón–Punta Cana, que se han convertido en motores económicos de escala nacional e internacional. Es innegable que ese distrito ha alcanzado un desarrollo significativo, gracias al esfuerzo conjunto de empresarios, autoridades locales, y sobre todo, de su gente.
Y es justo decirlo con claridad: Verón–Punta Cana reúne desde hace años todas las condiciones para ser municipio. Tiene población, economía, identidad, infraestructura, y un aparato productivo robusto que le permite sostenerse y desarrollarse de forma independiente. Debe ser municipio. Debe gozar plenamente de los recursos que genere y dirigirlos conforme a su propio plan de desarrollo.
Pero también es necesario ser responsables con la realidad: Higüey no puede desprenderse de forma abrupta de los recursos, competencias y estructuras que históricamente han sostenido a ambos territorios. Un cambio inmediato, como el que plantea la Ley 368-22 sin un régimen de transición claro, pondría en riesgo la estabilidad institucional, social y económica de todo el municipio cabecera y por extensión, de la provincia.
Por eso proponemos una solución intermedia, razonable, solidaria: un período de transición obligatorio, en el que exista una planificación vinculada entre ambas demarcaciones, mientras cada una consolida su capacidad plena para operar de manera independiente y eficiente, sin que una afecte a la otra.
También debemos reconocer que uno de los reclamos más reiterados desde sectores de Verón–Punta Cana ha sido que, a pesar de los importantes recursos generados por esa demarcación, no siempre ha existido una inversión proporcional en obras y servicios por parte del municipio cabecera, e Higüey. Esa percepción de desequilibrio debe atenderse con visión de justicia y equilibrio.
Sin embargo, también es justo recordar que la relación entre Verón–Punta Cana e Higüey no es nueva ni circunstancial. Durante décadas, el desarrollo de ese importante distrito turístico se ha sostenido en una base compartida de recursos humanos, servicios públicos, infraestructuras y planificación impulsada desde el municipio cabecera. Ha sido una relación funcional que se ha profundizado en el tiempo.
Como diputado electo por toda la provincia La Altagracia, nuestro compromiso es con cada una de sus comunidades: tanto con Verón–Punta Cana, como con Higüey, y con todos los sectores urbanos, rurales y turísticos que conforman nuestra identidad común.
Por eso, lo que proponemos hoy no es una vinculación eterna ni una limitación indefinida, sino un régimen de transición técnica y planificada, que permita mantener la estabilidad institucional, económica y de servicios mientras ambos territorios alcanzan una madurez plena para autogestionarse sin perjudicarse entre sí.
