Walter Pierluisi será representado por los abogados Eduardo Ferrer y Osvaldo Carlo, mientras que su hermano contará con la abogada María Domínguez y Javier Micheo como sus representantes legales.
La anotación en el calendario electrónico no menciona los cargos imputados ni los fiscales federales del caso.
El pasado 20 de octubre, el FBI, el Departamento de Vivienda federal y la Oficina del Inspector General de Estados Unidos allanaron las oficinas centrales de American Management y el bufete Pierluisi Isern Law Office en San Juan, ambos de Walter Pierluisi.
Las autoridades también allanaron la residencia de Eduardo Pierluisi.
Un mes después de esta intervención, la Administración de Vivienda Pública canceló los contratos de American Management, que desde el 1995 administraba residenciales públicos en 34 municipios.
Desde el inicio, el gobernador se distanció de sus «primos terceros» a pesar de que ocuparon puestos de relevancia en sus campañas políticas.
«Confirmo que sí somos parientes, pero no tengo información alguna sobre el motivo del allanamiento, quién es la tarjeta (sospechoso) o el objetivo de esa investigación que aparentemente está en curso. No tengo detalle alguno», señaló el mandatario en declaraciones a los medios en aquel momento.
En este contexto, Pierluisi precisó que el FBI nunca contactó con él para adelantarle información sobre los allanamientos porque «esa no es la práctica de la agencia» y tampoco tuvo comunicación con su pariente.
«Al igual que en cualquier otra investigación federal, mi administración va a cooperar a cabalidad», sentenció. EFE
