Asimismo, instaron a la Junta Central Electoral a suspender o reubicar al director general de Juntas Electorales, Ramón Urbáez Mancebo.

Múltiples partidos de la oposición política solicitaron este lunes que el jefe de la Policía Militar Electoral, Juan José Otaño Jiménez, sea removido de su cargo por la “inacción” de la entidad que dirige frente a supuestos delitos electorales cometidos por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) durante las elecciones municipales pasadas.

Esta solicitud está contenida en un documento firmado por varios candidatos presidenciales y presidentes de partidos políticos, en el que proponen varias medidas a tomar por la Junta Central Electoral (JCE), de cara a los próximos comicios.

Igualmente en este pliego de garantías los partidos firmantes pidieron que, una vez sea removido el jefe de la policía electoral, el nuevo titular sea elegido con el consenso de la oposición.

“La Junta Central Electoral (JCE) debe solicitar, en virtud de la inacción de la Policía Militar Electoral frente a los delitos electorales ocurridos en los recintos electorales, así como varias acciones llevadas a cabo por los mismos que cuestionan su imparcialidad y rol, que el actual jefe de la Policía Militar Electoral sea removido y en su lugar sea designada otra persona, con el consenso de todos los partidos del espectro opositor”, leía parte de este documento.

Asimismo, instaron a la Junta a suspender al director general de Juntas Electorales, Ramón Urbáez Mancebo, afirmando que se ha mostrado “parcialidad y complicidad” con el PRM. Si no es suspendido, sugirieron que este sea reubicado fuera del ámbito electoral.

De manera similar, enfatizaron la necesidad de que observadores de todos los partidos políticos estén presentes en la Dirección General de las Juntas Electorales.

¿DE QUÉ ACUSAN AL PRM Y AL GOBIERNO?

Los partidos firmantes de este “Pliego de Garantías Electorales para la Transparencia de las Elecciones de mayo 2024”, alegaron que el Gobierno entregó tarde la mitad de los fondos previstos para un año electoral con el propósito de debilitar las fuerzas políticas opositoras.

Añadieron que el oficialismo “conquistaron” candidatos de la oposición utilizando recursos financieros del Estado.

Aseveraron además que, valiéndose del Estado, el PRM “se apoderó” de los espacios físicos de los recintos electorales, con sus militantes dedicándose a la compra de votos.

Sin embargo, en su informe de las elecciones municipales, Participación Ciudadana indicó que el PRM no fue el único partido en cometer faltas durante ese proceso electoral, aunque sí indicaron que fueron los mayores transgresores.

“Nuestros observadores pudieron observar proselitismo abierto en los recintos y sus alrededores en el 45% de los casos la mayoría a favor del PRM, seguido por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y en menor proporción la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD)”, dijo en aquel entonces la coordinadora de Participación Ciudadana, Lizzie Sánchez.

En cuanto a las acusaciones de compra de votos, el informe de Participación Ciudadana indicó que esto sucedió en el 16% de los recintos, siendo el PRM, el PLD, la FP y el PRD los principales infractores.

¿QUIÉNES FIRMAN ESTE PLIEGO?

El documento fue firmado por Abel Martínez Durán, candidato presidencial del PLD; Leonel Fernández, candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, y Miguel Vargas Maldonado, candidato presidencial del PRD.

También está, Virginia Antares Rodríguez, candidata presidencial del partido Opción Democrática (OD) y Carlos Peña candidato presidencial del partido Generación de Servidores (GenS) .

De igual forma firmó José Francisco Peña Guaba, presidente del Bloque Institucional Social Demócrata (BIS); Elías Wessin Chávez, presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC); Ismael Reyes, presidente del Partido Demócrata Institucional (PDI) y Soraya Aquino, presidenta del Partido Socialista Cristiano (PSC).