En los últimos días se ha generado un debate cargado de desinformación respecto a la distribución de los recursos municipales en la provincia La Altagracia, particularmente en torno al distrito municipal de Verón-Punta Cana. Algunos actores políticos han pretendido atribuir a la ley que eleva a Verón a municipio la responsabilidad de “quitarle” recursos a Higüey, cuando en realidad esa afirmación es falsa y malintencionada.

La verdadera causa de los cambios en la asignación y gestión de recursos es la Ley núm. 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, aprobada y promulgada en el año 2022. Esta ley, en su artículo 119, párrafo I, establece con claridad lo siguiente:

“Los distritos municipales con más de quince mil (15,000) habitantes ejercerán sus propias competencias en materia de planificación, ordenamiento y gestión del territorio.”

Esto significa que, conforme a esta ley, todos los distritos municipales que superen esa población, como es el caso de Verón-Punta Cana y la Otra Banda, pasan a tener autonomía en sus procesos de planeamiento urbano y territorial. Esa disposición tiene efectos directos sobre la manera en que se manejan los recursos, independientemente de que dicho distrito se convierta o no en municipio.

Lo más revelador de esta situación es que todos los legisladores actuales que formaban parte del Congreso Nacional en ese momento y otros que ya no lo son, votaron a favor de esa ley. Incluso algunos de los que hoy alzan su voz en contra de este efecto legal, fueron precisamente quienes la aprobaron sin reservas. Esto plantea dos posibilidades igualmente preocupantes: o no leyeron el contenido de la ley que aprobaron, u hoy están incurriendo en un discurso basado en falsedades deliberadas.

Como legisladores y ciudadanos responsables, es nuestro deber hablar con la verdad y asumir las consecuencias jurídicas y políticas de las leyes que promulgamos. Pretender confundir a la población con argumentos políticos populistas, en lugar de reconocer lo que manda el ordenamiento jurídico vigente, es una falta de responsabilidad institucional.

Por eso reiteramos: la ley que cambió la gestión de recursos en los distritos municipales como Verón-Punta Cana no es la nueva que sometimos, sino la Ley de Ordenamiento Territorial que todos, sin excepción, aprobaron hace ya tres años.

Hablemos claro, con seriedad, y sobre todo, con respeto a la inteligencia del pueblo dominicano.

La responsabilidad no siempre es popular. Pero elegimos decir lo que creemos, aunque duela, antes que mentir para agradar.

Rafael Baron Duluc