El Estado dominicano se querelló penalmente y con constitución en actor civil en contra de varios de los detenidos en la Operación Calamar, así como contra de algunas de las personas que figuran como testigos del Ministerio Público en ese caso, entre ellas, el empresario Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo).

La querella la presentó ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) a través del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, en fecha 5 de abril de 2022, durante el proceso de investigación. 

En ella pide una compensación por daños y perjuicios sufridos por un monto de RD$26,880,935,984.34.

Basado en los mismos hechos que describe la Pepca en la solicitud de medida de coerción a 20 detenidos el pasado fin de semana en la Operación Calamar, el Estado enlista once personas como autores de los delitos de coalición de funcionarios, falsedad en escritura pública y privada, prevaricación y desfalco.

También por sobornos o cohecho de funcionarios, intervención en asuntos incompatibles con la calidad de funcionario, enriquecimiento ilícito, asociación de malhechores, estafa agravada en perjuicio del Estado dominicano, falta de declaración jurada y lavado de activo.

Fuente: Diario Libre