La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) emitió este martes un comunicado en el que lleva la contraria a los aprestos gubernamentales de buscar un consenso para una reforma fiscal con miras a su ejecución en 2022, al considerar que “no es el momento para una reforma fiscal apresurada”. El gremio argumenta que la misma debe conocerse en el Consejo Económico y Social (CES), de donde fue sacada.
“La economía mundial ha sido sacudida por el cataclismo sanitario del COVID-19. En ese marco, la economía dominicana se encuentra en proceso de recuperación. No es el momento para una reforma fiscal apresurada, la cual pondría un freno y constituiría un obstáculo para dicha recuperación”, dice el gremio que agrupa a más de mil empresas y asociaciones regionales y sectoriales de la industria dominicana.
Agrega que los altos precios de los commodities y los incrementos extraordinarios del flete marítimo son factores externos que las empresas han asimilado momentáneamente, pero que “en un momento determinado podrían traducirse -junto a un esquema de reforma tributaria cortoplacista- en una presión inflacionaria difícil de superar”.
La AIRD considera también que “es necesario poner fin al cortoplacismo en materia fiscal” y acogerse al mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que indica que “el Consejo Económico y Social es el espacio para la discusión y concreción de pactos entre las distintas fuerzas económicas y sociales que permitan la adopción de políticas que, por su naturaleza, requieren un compromiso del Estado y el concurso de toda la nación, como lo es el Pacto Fiscal”.
A la fecha, el Gobierno no ha presentado la propuesta oficial sobre la reforma fiscal. La mañana de hoy el director general de Impuestos Internos, Luis Valdez, dijo que está muy avanzada. “El ministro de Hacienda estará manejando esto y en los próximos días se estará presentando”, informó.
Entre el catálogo de propuestas que ha analizado el Gobierno para una nueva reforma fiscal están variar el monto que se paga por el marbete vehicular, establecer un impuesto para las bebidas azucadaras, aumentar de 25 a 35 % el impuesto sobre la renta (ISR) para la escala salarial de mayor ingreso, eliminar la deducción del gasto educativo del ISR y quitar a los legisladores el privilegio de importar vehículos exonerados de impuestos.
También, se ha discutido incrementar transitoriamente la tasa de ISR a personas jurídicas a 30 % en los tres años siguientes a la aprobación de la reforma, retornando a 27 % al final de ese plazo. Además, subir a 5 % el impuesto de venta al mercado local de las empresas de zonas francas.
“Hasta el momento las políticas aplicadas por el Gobierno han facilitado la recuperación económica, un alto clima de confianza, estabilidad, recuperación del empleo a niveles pre-pandemia, con grandes inversiones en marcha”, indica la AIRD en su comunicado. “Es momento de sopesar un proceder que pueda implicar un retroceso”.
Considera que en este momento se debe ser capaz de “garantizar la reducción del déficit en el sector eléctrico y en los combustibles, aprobar inversiones pendientes que permitirán al Estado recaudar mayores ingresos, combatir firmemente los ilícitos, la evasión y la informalidad y reorientar el gasto transitoriamente del Gobierno hacia mejorar servicios a la ciudadanía, para que la medicina no sea más dura que la enfermedad”.
“El sector industrial reitera que seguirá participando del diálogo constructivo en el seno del Consejo Económico y Social y en la definición de verdaderas políticas de Estado que vayan más allá de soluciones de corto plazo”, concluye.
Fuente: Diario Libre
