La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) dejó claro este martes que las compras bajo la modalidad de emergencia no son un ‘se vale todo’. Aunque los plazos se reduzcan por la urgencia, las instituciones del Estado están obligadas a cumplir las mismas fases y controles de un proceso ordinario, según lo establece la Ley 340-06.

El director de la DGCP, Carlos Pimentel, enfatizó que la rapidez no puede ser excusa para incumplir la ley.

“Actuar rápido no significa saltarse las reglas: significa aplicarlas correctamente para proteger el interés público”, afirmó.

La aclaración llega tras el decreto 627-25, emitido luego del paso de la tormenta tropical Melissa, que autorizó a las entidades públicas a utilizar el procedimiento de excepción por emergencia para adquirir bienes, servicios y obras con mayor agilidad.

Mismo proceso, menos tiempo

La DGCP explicó que, en promedio, un proceso de emergencia toma entre 15 y 20 días, desde la convocatoria hasta la adjudicación, y exige todos los pasos formales: trazabilidad, competencia, transparencia, publicidad y monitoreo institucional.