La Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), el mecanismo de integración regional que forma República Dominicana junto a Costa Rica, Ecuador y Panamá, condenó este lunes «la arbitraria detención» de un empleado de la embajada de Argentina en Venezuela y exigió salvoconductos para los seis asilados que están en la residencia de dicho país.

Los Estados miembros de la Alianza para el Desarrollo en Democracia condenan enérgicamente la arbitraria detención de un empleado local de la embajada de Argentina en la República Bolivariana de Venezuela, perpetrada por las autoridades autocráticas de Caracas», señalaron los cuatro países en un comunicado conjunto.

El 13 de diciembre, la Cancillería argentina denunció la «detención arbitraria e injustificada» de un empleado local de su representación diplomática en Caracas «por parte del régimen de Nicolás Maduro».

En un comunicado, el Ministerio argentino expresó que «esta acción constituye una violación flagrante e inaceptable de las normas internacionales que garantizan la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y la protección de su personal, incluidos aquellos que desempeñan funciones esenciales».

Para el Gobierno del presidente argentino Javier Milei, «esta detención no es un hecho aislado, sino parte de una campaña sostenida de hostigamiento, intimidación y violencia psicológica contra los asilados y empleados de la misión argentina».

En ese mismo sentido, los países de la ADD afirmaron que este caso «se trata de una nueva manifestación de la campaña de continuo acoso que el régimen de Maduro comete contra los funcionarios diplomáticos y locales de dicha embajada».

Un acoso que, según agregaron estos cuatro países, también se da en contra de los seis venezolanos que están asilados en la sede diplomática y que la Alianza considera que son «perseguidos políticos».

Para esas seis personas, los países exigen salvoconductos y, en el caso del empleado local, piden su «inmediata liberación».

La Alianza pidió a Venezuela que cumpla con «sus obligaciones internacionales en la materia, incluyendo las establecidas en los artículos 22 y 25 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas», así como las que impone la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, «de la cual Venezuela es Estado parte».

Desde agosto, la embajada permanece bajo la protección de Brasil, después de la expulsión de los diplomáticos argentinos en respuesta al desconocimiento del Gobierno de Javier Milei de la controvertida reelección de Maduro, pese a que el Ejecutivo venezolano revocó esa autorización en septiembre, por la supuesta planificación de actos terroristas en el interior de la sede por parte de los asilados.